Viviane Reding, Comisaria comunitaria de Sociedad de la Información, ha declarado que los ciudadanos europeos tienen derecho a controlar cómo se utiliza su información personal y señaló algunos de los elementos que más preocupan a la Comisión desde el punto de vista de las nuevas tecnologías: la publicidad basada en el comportamiento, los microprocesadores inteligentes RFID y las redes sociales en línea.
El asunto de los RFID no es para nada menor. Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, animal o persona. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia (Wikipedia).
Estos dispositivos son un buen ejemplo de los beneficios y riesgos de la digitalización de la sociedad. Por un lado, tienen aplicaciones tan interesantes y ya en uso como control de vehículos o chips para animales, y muchas otras en desarrollo como transporte de documentación, inventarios automatizados, identificación de ciclo de producción, control de equipajes en aeropuertos, etc... Digamos que como en casi toda nueva tecnología es una cuestión de que el mercado se organice y aplique una estandarización a los procedimientos de lectura para que en poco tiempo veamos etiquetas RFID por todas partes.
O no las veamos (microchips), al menos no todas. Porque por otro lado suponen un evidente riesgo sobre la intimidad de los ciudadanos. La mayoría de las preocupaciones giran alrededor del hecho de que las etiquetas RFID puestas en los productos siguen siendo funcionales incluso después de que se hayan comprado los productos y se hayan llevado a casa, y esto puede utilizarse para vigilancia y otros propósitos cuestionables.
"Ningún europeo debería llevar un chip en alguno de sus bienes sin saber exactamente qué es, o sin la opción de retirarlo o desactivarlo en cualquier momento", ha sido una de las declaraciones de la comisaria.
En el número de marzo de la Revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se publicó un denso artículo de Celia Fernández Aller (Profesora de Derecho Informático. Universidad Politécnica de Madrid) titulado La tecnología RFID y sus implicaciones jurídicas, que analiza en profundidad este asunto.
Obviamente esto es lo sí hace falta "ordenar", simplemente porque la legislación sobre protección de datos es una materia eternamente viva, ligada para siempre al desarrollo tecnológico que no se detiene, y los ciudadanos debemos tener herramientas jurídicas que protegan el derecho a nuestra intimidad y privacidad, en la red o fuera de ella.
Porque lo que no hace falta ordenar es internet, intención declarada de cierta nueva ministra. Internet no es de los gobiernos, ni de las empresas, es de los ciudadanos. Y no sólo lo dicen adolescentes o geeks adictos al emule o al torrent, lo dice fenomenalmente bien Pedro Martínez, Fiscal de la Comunidad de Madrid en La domadora.
Fotografía: midnightcomm
El asunto de los RFID no es para nada menor. Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, animal o persona. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia (Wikipedia).
Estos dispositivos son un buen ejemplo de los beneficios y riesgos de la digitalización de la sociedad. Por un lado, tienen aplicaciones tan interesantes y ya en uso como control de vehículos o chips para animales, y muchas otras en desarrollo como transporte de documentación, inventarios automatizados, identificación de ciclo de producción, control de equipajes en aeropuertos, etc... Digamos que como en casi toda nueva tecnología es una cuestión de que el mercado se organice y aplique una estandarización a los procedimientos de lectura para que en poco tiempo veamos etiquetas RFID por todas partes.
O no las veamos (microchips), al menos no todas. Porque por otro lado suponen un evidente riesgo sobre la intimidad de los ciudadanos. La mayoría de las preocupaciones giran alrededor del hecho de que las etiquetas RFID puestas en los productos siguen siendo funcionales incluso después de que se hayan comprado los productos y se hayan llevado a casa, y esto puede utilizarse para vigilancia y otros propósitos cuestionables.
"Ningún europeo debería llevar un chip en alguno de sus bienes sin saber exactamente qué es, o sin la opción de retirarlo o desactivarlo en cualquier momento", ha sido una de las declaraciones de la comisaria.
En el número de marzo de la Revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se publicó un denso artículo de Celia Fernández Aller (Profesora de Derecho Informático. Universidad Politécnica de Madrid) titulado La tecnología RFID y sus implicaciones jurídicas, que analiza en profundidad este asunto.
Obviamente esto es lo sí hace falta "ordenar", simplemente porque la legislación sobre protección de datos es una materia eternamente viva, ligada para siempre al desarrollo tecnológico que no se detiene, y los ciudadanos debemos tener herramientas jurídicas que protegan el derecho a nuestra intimidad y privacidad, en la red o fuera de ella.
Porque lo que no hace falta ordenar es internet, intención declarada de cierta nueva ministra. Internet no es de los gobiernos, ni de las empresas, es de los ciudadanos. Y no sólo lo dicen adolescentes o geeks adictos al emule o al torrent, lo dice fenomenalmente bien Pedro Martínez, Fiscal de la Comunidad de Madrid en La domadora.
Fotografía: midnightcomm
Susto o González Sinde. Sinde pírate jajaja:
ResponderEliminarhttp://www.youtube.com/watch?v=QsZdcn0WlMk
;D