No hemos hablado mucho de la LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, quizás porque debido a que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración del Estado no tiene una repercusión directa sobre nuestro trabajo.
Sin embargo, resulta evidente que la Administración Pública es uno de los actores clave en el avance de la Sociedad de la Información, y ya que recientemente se ha presentado el segundo Informe semestral sobre ejecución del Plan de actuación de la Ley (julio-diciembre 2008) conviene echarle un vistazo a la situación actual.
Las finalidades de esta Ley son, según su artículo 3:
Sin embargo, resulta evidente que la Administración Pública es uno de los actores clave en el avance de la Sociedad de la Información, y ya que recientemente se ha presentado el segundo Informe semestral sobre ejecución del Plan de actuación de la Ley (julio-diciembre 2008) conviene echarle un vistazo a la situación actual.
Las finalidades de esta Ley son, según su artículo 3:
- Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos.
- Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.
- Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.
- Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés general.
- Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones.
- Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales.
- Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.
- Son ya 450 los procedimientos completamente adaptados que pueden tramitarse por vía electrónica en su totalidad.
- Se ha duplicado el número de servicios accesibles directamente a través de la web 060 hasta llegar a más de 1.100.
- El número de llamadas telefónicas atendidas en el teléfono 060 se sitúa en torno a las 160.000 por mes.
- La Red SARA se ha consolidado como la infraestructura de comunicaciones entre todas las Administraciones, interconectando a los Ministerios, Comunidades Autónomas y entidades locales. La capacidad de esta red ha ido creciendo hasta alcanzar 1 Gbps para la conexión entre los Ministerios y 100 Mbps en el caso de las Comunidades Autónomas, y se ampliará hasta un máximo de 10 Gbps a lo largo de 2009.
- Se ha intensificado la utilización de la plataforma @firma, que permite a todas las Administraciones validar de manera sencilla todos los certificados digitales que se usan en España. Durante el segundo semestre de 2008 ha realizado cinco millones de validaciones.
- La plataforma de validación de datos de identidad y residencia, que permite a las Administraciones consultar esta información con el fin de evitar al ciudadano la aportación del DNI o el certificado de empadronamiento, ha superado la cifra de 500.000 validaciones mensuales.
- El Gobierno ha puesto en marcha actividades de formación para evitar la brecha digital en Administración electrónica a fin de que todos los ciudadanos se beneficien de los servicios electrónicos sin ningún tipo de discriminación por razones de edad, sexo, raza, condición social o accesibilidad. Se ha formado a un total de 130 dinamizadores que, junto a los agentes de Red.es, han ofrecido talleres a casi cuatro mil personas.
- En el marco del proyecto STORK de la Unión Europea, España ha liderado los trabajos para definir las especificidades comunes para la validación de certificados digitales en el ámbito europeo.
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